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Autores, editoriales y funcionarios involucrados en la política educativa Los autores elaboraron los contenidos de acuerdo con las reglas establecidas por la SEP y con los intereses de las empresas editoras. Habían formado parte del comité que diseñó el programa oficial y después fueron invitados Amyloid β-Peptide (1-42) hacer los libros. Las editoriales producen opciones de libros con distintos grados de laicidad para que sean aprobados por la SEP y elegidos por autoridades escolares con distintas posiciones ideológicas. En la contienda, los autores defendieron los contenidos, el secretario de Educación respondió a las demandas de los actores católicos y varios gobiernos locales se opusieron a distribuir los textos. Los autores plantearon que los contenidos de educación sexual son un asunto público y, por tanto, son responsabilidad del Estado; además, refutaron los argumentos de los católicos, señalando que los principios de la educación deberían ser el conocimiento científico, “la realidad”, y las necesidades de las y los jóvenes, por encima de las cuestiones morales. Los funcionarios de la SEP cuidaron de no entrar en conflicto con los actores católicos. El secretario de Educación se deslindó del tema, afirmando que las editoriales diseñan los libros y los gobiernos estatales son quienes los seleccionan (La Jornada, 08/08/2006, p. 44); sin embargo, se hizo pública una reunión que sostuvo con organizaciones de perspectiva católica, acompañados por el empresario Lorenzo Sertvije. Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) mostró una posición apegada al principio de laicidad; señaló la relevancia de los contenidos por sus implicaciones en materia de salud y derechos humanos y para evitar conflictos, aclaró que los textos se habían dado a conocer a organizaciones de padres: Dirigentes de siete entidades federativas declararon públicamente que no repartirían los libros, para responder a las demandas de los actores católicos: el gobernador de Sonora (del Partido Revolucionario Institucional) y los secretarios de Educación (del PAN) de Baja California Norte, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. Estos funcionarios públicos reprodujeron los argumentos católicos y se insertaron en una estrategia de distribución del discurso que pretendía imponer los contenidos de su elección. Basaron su acción en fundamentos religiosos; sin embargo, se legitimaron afirmando que estaban cumpliendo con su responsabilidad de atender las demandas ciudadanas, lo que muestra el uso de los principios de la democracia participativa como parte de su repertorio discursivo. Francisco Rubín, secretario de Educación de San Luis Potosí declaró: “no se distribuirán […], se deja abierta la sexualidad a Meiosis los jóvenes para que la puedan ejercer como ellos quieran […], ¿dónde está […] el amor y otra serie de contenidos, que debe tener la relación sexual entre un hombre y una mujer?” La secretaria de Educación de Yucatán, Carmen Solís, argumentó que había recibido demandas de padres de familia y grupos cívicos locales para no disponer de dichos textos, y dijo que no iría en contra de las demandas ciudadanas (La Jornada, 05/08/2006, p. 37). El Secretario de Educación de Morelos, Ramón Tallabs, aseguró que recibió una orden de la Secretaría de Educación Pública para retener alrededor de 4,000 ejemplares, después de manifestaciones “ante la manera grotesca y antipedagógica en la que se aborda el tema” (La Jornada, 23/08/2006, p. 47). María Guadalupe Murguía, Secretaria de Educación de Querétaro, declaró: “teníamos 19 opciones y determinamos que la del autor Raúl Limón es la más adecuada” (Crónica, 24/08/2006). Los gobiernos de Guanajuato y Baja California Norte decidieron no distribuir algunos textos (Reforma, 04/08/2006, p. 4); además, editaron sus propios textos de Ciencias 1 en 2008, sin pasar por el proceso de revisión de la SEP (Público/Milenio, 25/09/2006, p. 33). En 2009, Hortencia Orozco, regidora por el PAN en León, Guanajuato, encabezó una quema pública de libros (La Jornada, 05/10/2009, p. 32): “La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que no distribuirá los libros […] de las autoras Ana Barahona y Marina Robles […]; indicó que un grupo de especialistas elabora material complementario” (La Jornada, 04/09/2006, p. 42).